ALGO PASA EN LAS UNIVERSIDADES
MILITARIZACIÓN DE CLAUSTROS CRISTINA CASTRO* (Miembro de la Red Código de Acceso, VANGUARDIA 2006
¿Cuántas tragedias más para que la Ministra le ponga la cara al tema?
Los graves hechos ocurridos en las universidades parece ser un grito a oídos sordos. La prensa reseñó la trágica y absurda muerte de cuatro estudiantes de la Universidad del Atlántico que perdieron su vida en la manipulación de explosivos que presuntamente iban a ser usados en una protesta. A pesar de que la noticia recibió titulares, las reacciones fueron escasas. Nadie ha querido hacerle frente a la crisis en las universidades.
No se entiende cómo el asesinato del joven de la Universidad del Valle, el alto número de amenazas que han recibido los líderes estudiantiles y lo sucedido en la Universidad del Atlántico no ha generado un revolcón en el manejo de la educación superior en Colombia. Se han pasado por alto los temas de fondo que está generando esta ola de violencia en la universidad.
Es preocupante, por ejemplo, que el manejo de la protesta estudiantil esté en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a quién el último Informe del Comité Distrital de Derechos Humanos le atribuye la muerte de seis estudiantes en dos años. Los antimotines habían sido duramente cuestionados en el Informe Anual de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señaló a los estudiantes como víctimas de fracturas como consecuencia del impacto de granadas de gas y reseñó la muerte de un estudiante en la marcha contra el TLC realizada en la Universidad del Valle y también la de un menor en la del Primero de Mayo.
El alcalde Garzón dijo que estaba en la búsqueda de un asesor de glamour que le ayude a retocar al ESMAD, "empezando desde sus uniformes", y analizó la posibilidad de desmontarlo. Por hechos relacionados con la protestas, el vicepresidente Francisco Santos propuso la militarización de la universidad. "Bajo el estatus de independencia de la universidad, no se puede aceptar la vagabundería. Si nos toca entrar a la universidad a requisar a todo el mundo, pues lo vamos a hacer", dijo.
Aunque desconcierta que estos espacios, que deberían ser de reflexión, terminen siendo utilizados para destruir la infraestructura de Transmilenio (dañar establecimientos comerciales, entre otros), ni siquiera eso justifica la reacción brutal del Estado. Los estudiantes son los primeros llamados a bajarle el tono de violencia a las protestas y sacar de circulación las "papas explosivas".
Pero es cierto, también, que más allá de poner soldados en los salones, los estudiantes necesitan que el Estado escuche las súplicas que vienen detrás de los titulares. El argumento de militarizar la universidad genera un ambiente de represión que va en contravía de las libertades básicas de cátedra y de expresión y se queda corto al olvidar los graves problemas estructurales que se vive en la U.
Muchos de los descontentos de los estudiantes provienen de temas nacionales como el TLC, pero otros conciernen a temas puntuales dentro de la educación superior, como la reforma universitaria que, entre otros, pretende recortar el tiempo de los programas.
¿Cuantas tragedias más se necesitan para que la Ministra de Educación le ponga la cara al tema? ¿O para que los rectores abran espacios de participación en donde los estudiantes puedan participar en la toma de las decisiones públicas que les competen?
El vicepresidente Santos afirmó, en tono de profesor regañón, que "la política de Seguridad Democrática es para todos, incluyendo a los estudiantes que están en desacuerdo con ella". No esperamos menos de él ni del gobierno que representa. La política de Seguridad Democrática debe proteger a todos los estudiantes, darles la posibilidad de tener un ambiente de libertad en la universidad, que les permita incluso disentir de ella.
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